Una ley aprobada recientemente por el Congreso de Costa Rica que busca combatir las tasas de usura en los créditos y en los microcréditos, está agitando el mercado financiero en este país e incluso un banco anunció despidos y el cierre de miles de tarjetas de crédito.
En Costa Rica ya estaba tipificado el delito de usura pero sin precisar a partir de qué porcentaje, por lo cual el Congreso decidió legislar al respecto, en momentos en que la pandemia del COVID-19 está causando daños al empleo, los ingresos de la gente y la economía en general.
La ley, que entró a regir el pasado 20 de junio, impuso una tasa de interés máxima de 39 % para todos los créditos, con excepción de los microcréditos, que son los préstamos menores a 675,000 colones (unos 1,160 dólares), para los cuales el tope será del 55 %.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) deberá aplicar una fórmula matemática para fijar las tasas máximas dos veces al año: en enero y en julio, indica la ley.
El pasado viernes el Banco Central publicó el tope que regirá durante este segundo semestre del año: los créditos en colones tendrán una tasa máxima de 37.69 % y en dólares el 30.36 %.
Mientras que la tasa para los microcréditos en colones será de 53.18 % y en dólares del 42.99 %.
La ley, que castiga el delito de usura con multas económicas y hasta con tres años de cárcel, también obliga a crear un índice de comparabilidad, mediante el cual cliente podrá comparar en un solo sitio la oferta de créditos y sus tasas en el mercado.
“En resumen, se trata de una ley que ofrece una serie de protecciones al consumidor, sin embargo, no elimina las obligaciones que éste tiene de ser cuidadoso en el manejo de sus finanzas personales, el debido estudio de sus estados de cuenta, y, sobre todo, el uso responsable del endeudamiento”, dijo el director general de la oficina del consumidor financiero, Danilo Montero.
EL SECTOR FINANCIERO SE AGITA
El primer banco en reaccionar fue el BAC Credomatic que anunció que como resultado de la entrada en vigencia de la nueva ley suprimirá 187,526 tarjetas de crédito a 79,789 clientes, pues esas operaciones se vuelven deficitarias.
La entidad también anunció el despido de 373 trabajadores y el cierre de 11 puntos de servicio.
La Caja de ANDE, una entidad financiera del magisterio, informó a sus afiliados que dejará de otorgar préstamos a las personas que tengan un salario líquido menor a 200,000 colones (350 dólares), pues así le obliga la nueva ley.
Otras entidades financieras han asegurado que se ajustarán a lo estipulado por la ley, pero de momento no han informado de mayores implicaciones a su operación.
A finales de abril pasado, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) advirtió que la fijación de una tasa de usura “podría ser contraproducente dada la situación actual que se vive a nivel mundial a raíz de la pandemia”.
Según la SUGEF , un tope a las tasas de interés “va a limitar el acceso al crédito de los sectores más riesgosos” y podría causar “una mayor exclusión financiera”.
UNA POBLACIÓN ENDEUDADA
Datos oficiales indican que en 2019 las cuotas para el pago de créditos representaron el 64 % del ingreso disponible per cápita mensual.
En 2015, ese porcentaje era del 50 % y estaba más cerca del parámetro sugerido por las autoridades financieras que es de entre el 35 % y el 40 %.
Estas cifras podrían empeorar en el 2020 con los efectos de la pandemia del COVID-19.
En cuanto a las tarjetas de crédito, los datos del Ministerio de Economía indican que en abril de 2020 el saldo de deuda representó un 3.53 % del PIB del país.
En Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, circulaban en abril unas 2.9 millones de tarjetas de crédito.
