Santo Domingo, RD
República Dominicana fue uno de los países que participó activamente en la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. El mismo que ha convocado a los países de la región para su primera Conferencia de las Partes (COP 1), que se desarrollará esta semana en Santiago de Chile.
El Estado dominicano firmó el tratado en el 2018, pero ya ha transcurrido un año de su entrada vigor y el país todavía no lo ha ratificado. Esto significa que no tiene derecho al voto para la toma de decisiones y que no puede acceder a los beneficios que de él se derivan.
El Acuerdo de Escazú, llamado así por la ciudad de Costa Rica donde se firmó, contribuiría a la generación y divulgación de información ambiental actualizada, tan necesaria en el país; daría mayor protección a los ambientalistas; y garantizaría el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Para el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), Euren Cuevas, este tratado es vital para garantizar la protección de los recursos naturales en el país porque la población tendría mayor participación en la toma de decisiones que tienen que ver con el medioambiente.
Cuevas considera que este podría ser uno de los aspectos más difíciles de implementar aquí porque los líderes políticos dominicanos no están acostumbrados a que los ciudadanos los acompañen a decidir sobre cuestiones importantes.
“Yo creo que la resistencia más grande está en que las personas participen conjuntamente con los tomadores de decisiones para que se tome una decisión legitimada, consensuada. Ellos quieren seguir con el modelo viejo, en el que tú votas por ellos y te desentiendes de todas las decisiones que van a tomar (…)”, explica el abogado especializado en Política, Legislación y Gestión Ambiental.
Para Cuevas este es uno de los puntos del acuerdo que podría generar mayor resistencia en el país. Pero también el acceso a la información es un asunto complejo de implementar porque, aunque desde el 2004 República Dominicana posee una ley sobre libre acceso a la información pública (200-04), en la práctica no funciona como debería.
El experto refiere, por ejemplo, que según las leyes los estudios sobre el impacto ambiental (en el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad o en las comunidades), de algún proyecto deberían ser públicos, pero es muy difícil acceder a ellos
“Aquí dan muchísimas vueltas para darte una información o te la dan a medias”, afirma Cuevas. En términos generales el abogado cree que el aspecto clave que podría obstaculizar la implementación de este acuerdo en el país es la transparencia.
Sobre los defensores ambientales
El Acuerdo de Escazú busca proteger los derechos de los defensores ambientales, quienes en muchos países de la región reciben amenazas, maltratos e incluso son asesinados. Si bien en República Dominicana la situación en este sentido no es tan extrema, Cuevas destaca que es importante que los ambientalistas estén mejor protegidos para que no sean perseguidos.
Cuevas explica que, aunque aquí la persecución a los defensores ambientales es más ligera, quienes monitorean mucho o son muy críticos sí reciben presiones e intimidaciones, generalmente de carácter económico.
“Aquí lo que hacen es que si estás en el presupuesto te presionan sacándote del presupuesto. Si eres consultor tratan de que no consigas ninguna consultoría. Tratan de estrangularte económicamente. Te llaman pasa sugestionarte…”, sostiene.
Aclara, no obstante, que se han registrado casos aislados de amenazas, persecuciones y hasta agresiones.
Importancia
Por todo esto, es importante que República Dominicana ratifique el Acuerdo de Escazú, porque como expone la pasada secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, en el prefacio del tratado, los principales beneficiados con este convenio son los ciudadanos de la región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables.
“Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”, señala Bárcena.
Tribunal Constitucional debió revisarlo en 30 días y ya tiene más de un año
República Dominicana es uno de los 12 países de la región que todavía no han ratificado el Acuerdo de Escazú. Actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional (TC), órgano supremo del país encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución.
El TC tiene la potestad de hacer un control preventivo de los tratados internacionales, antes de enviarlos al Congreso Nacional, para garantizar que no se contrapongan con la Carta Magna.
Conforme a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el organismo debe decidir sobre la constitucionalidad o no de los tratados internacionales en un plazo de 30 días, a partir de que lo recibe, pero con el Acuerdo de Escuazú tiene más de un año y todavía no ha tomado la decisión.
La explicación que han dado es que los documentos se revisan por orden de llegada, pero otros acuerdos que llegaron después ya fueron aprobados por el organismo, asegura el director ejecutivo del Insaproma.
Es por esto que un grupo de organizaciones han realizado protestas en reclamo de que el TC tome la decisión que le corresponde. Cuevas indicó que diversas coaliciones harán una campaña permanente de visitas fijas a la institución para que decida.
Cuando el TC tome su decisión, el acuerdo irá al Congreso Nacional. Cuevas entiende que allí no durará tanto tiempo porque los representantes de las comisiones ambientales de ambas cámaras están dispuestos a colaborar para que se apruebe de inmediato.
Implicaciones
Cuevas advierte que mientras más se retrasa la ratificación de acuerdo, más tarda República Dominicana en disfrutar de sus beneficios, además de que seguirán surgiendo más conflictos ambientales porque “la falta de integración de la gente en la toma de decisiones crea conflictos y no permite un desarrollo sostenible”.
Además, el país podría dejar de recibir ciertos financiamientos de parte de la comunidad internacional debido a la falta de transparencia sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. También le podrían restringir los fondos que pueden venir a través del Acuerdo de Escazú.
En cambio, cuando el Estado dominicano se una definitivamente al tratado podría atraer inversiones de empresas serias, que no vienen a depredar, considera Cuevas.
Posición gubernamental
Ante esta situación, la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Milagros De Camps, asegura que este Gobierno, que preside Luis Abinader y que asumió en el 2020, está comprometido con impulsar el Acuerdo de Escazú.
De Camps afirma que desde el inicio de su gestión se hicieron los procedimientos correspondientes para que el tratado siguiera su curso hacia la ratificación.
“Cuando llegamos estaba aquí y en la primera semana lo primero que hicimos fue enviarlo a Cancillería para que hiciera la evaluación y lo enviara a Presidencia. Luego fue remitido por Presidencia al Tribunal Constitucional”, sostiene.
De Camps destaca que este acuerdo es muy importante para la región y que a pesar de que tiene más significado para otros países donde ocurren muchas injusticias contra ambientalistas y activistas, República Dominicana está dispuesta a apoyarlo.
A diferencia de Cuevas, De Camps cree que aquí no sería tan difícil implementarlo porque el país posee muy buenas leyes sobre libre acceso a la información y de participación social que sustentan los principios legales del convenio. Pero reconoce que hay que fortalecer la capacidad de generar informaciones ambientales.
“Ese acuerdo ofrece mayor protección a las leyes que ya tenemos. Nosotros tenemos los instrumentos a nivel local. Tenemos un buen ecosistema de leyes”, considera.
La funcionaria aclara que el acuerdo provee mecanismos adicionales para elevar quejas en el ámbito internacional. Agrega que también es importante para obtener financiamientos y que serviría para fortalecer algunas áreas en las que se requieran mejoras mediante el intercambio de buenas prácticas y experiencias con otros Estados.
“Es bueno que ratifiquemos para poder participar activamente en las negociaciones regionales y aprovechar las políticas que se vayan desarrollando en el marco del acuerdo. Es importante que la región se unifique para dar apoyo a los países que más lo necesitan”, expone.
Respecto a que el Tribunal Constitucional no lo haya aprobado, De Camps entiende que se debe al volumen de trabajo que tiene.
“Yo no creo que esté estancando, creo que está siguiendo su curso y que no lo han podido terminar de conocer el acuerdo por el volumen de trabajo que tienen”, argumenta.
La participación dominicana en la COP1
Del 20 al 22 de este mes se efectuará en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1), donde se revisará el avance en la implementación del convenio y se avanzará en su operativización. Esto incluye la discusión de las reglas de procedimiento de la COP, las modalidades para la participación significativa del público, las disposiciones financieras para el funcionamiento del tratado y la composición del Comité de Apoyo y Cumplimiento.
A esta conferencia, que se desarrollará en las modalidades virtual y presencial, asistirá una delegación de República Dominicana liderada por De Camps.
“Para nosotros es un acuerdo importante y por eso vamos a estar presentes a nivel técnico y político. Tenemos la intención de participar activamente hasta que República Dominicana lo ratifique”, sostiene.
El director ejecutivo del Insaproma destaca que la sociedad civil también estará presente para, entre otros aspectos, motivar para que los países que no han firmado ni ratificado el acuerdo lo hagan.
Este trabajo fue producido en el marco del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.
Fuente: Listin Diario
