Las grandes empresas dominicanas apenas representan 1.5 % del total del tejido empresarial. Los datos de la Tesorería de Seguridad Social indican que solo unas 1,555 empresas contaban con más de 150 trabajadores para julio de este año, casos que parecen excepciones en un mercado sellado por el emprendedurismo y la proliferación de las micro y pequeñas empresas.
En contraposición, los establecimientos hasta con 10 trabajadores representaban un mayoritario 79.6 % del tejido empresarial formal del país, con unas 79,314 empresas a julio pasado, según los datos oficiales. El resto del mapa lo completan 15,986 compañías con entre 11 y 50 trabajadores y otras 2,754 empresas con un número de empleados que oscilaba entre 51 y 100.
Esa realidad de numerosos establecimientos pequeños contra un pequeño núcleo de grandes compañías fue analizada por el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en su más reciente reporte “República Dominicana, revisión del gasto público”. Las instituciones consideran que “las grandes empresas establecidas dominan los mercados clave”, y con ello se registran distorsiones de los precios y un aletargamiento del crecimiento de la productividad, que ha sido una de las debilidades de República Dominicana durante las últimas décadas.Urgente, pero a largo plazo
Por ello, consideran que las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis de COVID-19 pueden ofrecen la oportunidad al país “para superar la oposición de intereses creados y avanzar rápidamente en la agenda de reformas estructurales” que resuelva problemas de las barreras regulatorias que “son un obstáculo importante tanto para la formalización de empresas nacionales como para la entrada de inversionistas extranjeros”.
“Si bien la reforma del clima empresarial es una prioridad urgente, también es un proceso a largo plazo y debe estar guiado por una estrategia bien diseñada que secuencie adecuadamente las reformas y goce de un amplio apoyo político”, indica el reporte del BM y de la AFD.
Entre las trabas que observaron esas instituciones, y que generarían un freno a las mejoras productivas y una baja formalización empresarial, están las restricciones a las importaciones, los cuellos de botella en la infraestructura y la coordinación inadecuada entre los organismos encargados de hacer cumplir la política de competencia.
Una de las situaciones que resolverían las medidas propuestas por el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo es la informalidad laboral, que durante la pandemia regresó a niveles que ya se habían superado.Retroceso informal
En República Dominicana un 57.7 % de la población ocupada estaba en la informalidad al cierre del primer trimestre de este año. Entre enero y marzo de 2020, antes de que el coronavirus afectara la economía mundial, el porcentaje de informalidad laboral en el país era de 55 %, de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana.
Efectos para el Estado
Para el BM y la AFD, la simplificación de las políticas fiscales y regulatorias eliminaría “una barrera clave de entrada y alentaría la formalización” para las empresas, algo que impulsaría la creación de empleos en el sector formal y ampliaría la base impositiva tanto de personas como de empresas, lo que favorecería la recaudación tributaria para el Estado.
Fuente: Diario Libre
